Por: Carlos
Flores Borja
El Congreso de la República acaba de aprobar la nueva
Ley General de la Persona con Discapacidad y de ella queremos destacar el rol
que la misma otorga a la familia y a las asociaciones de personas con
discapacidad.
En su Artículo 5, “El
Estado reconoce el rol de la familia en la inclusión y participación efectiva
en la vida social de la persona con discapacidad. Le presta orientación y
capacitación integral sobre la materia, y facilita su acceso a servicios y
programas de asistencia social”.
Es por eso que hay que reconocer el acierto y la
visión de futuro que tuvieron aquellos que hace 9 años, el 2003, fundaron en
Bagua Grande la Asociación Provincial de Personas con Discapacidad y Familiares de Utcubamba-APDU,
adicionando el término “y familiares”
en su razón social, reconociendo lo que hoy reconoce la nueva Ley General de la
Persona con Discapacidad.
Es la familia la que acuna a la persona con discapacidad.
Un miembro de esa familia –generalmente la madre- es la que cuida a veces de
por vida a la persona con discapacidad. Aunque también es la familia la que
muchas veces esconde a la persona con discapacidad y la convierte en invisible.
Entonces, bien vale la pena que la nueva ley reconozca este rol de la familia y
señale que hay que capacitarla y orientarla en materia de discapacidad.
Y en lo que se refiere a las organizaciones sociales
de base conformadas por personas con discapacidad, el Artículo 13 de la nueva
Ley General de la Persona con Discapacidad señala taxativamente que “El Estado promueve la conformación de
organizaciones y asociaciones de personas con discapacidad. Les presta asesoría
y capacitación, facilita su acceso a fuentes de cooperación internacional y
promueve su participación en todos los espacios de concertación de asuntos
públicos que no provengan de elección popular, tales como el Consejo Nacional
de Derechos Humanos, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, el
Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, los consejos de
coordinación regional y local, entre otros”.
En la provincia de Utcubamba, además de la APDU que
apareció en el 2003, en los años siguientes fueron surgiendo asociaciones de
personas con discapacidad en las capitales de los distritos de Cajaruro y
Jamalca; asimismo, en los centros poblados de Naranjos Alto, El Ron, San Juan
de la Libertad, Diamante Bajo, Miraflores y Vista Hermosa. Luego, gracias a la
inspiración de la APDU y de estas nuevas asociaciones, se fundaron las
asociaciones de personas con discapacidad en las provincias de Bagua,
Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza, en la Región Amazonas.
El Centro de Coordinación Regional en Amazonas del
CONADIS, ha entendido la importancia de la nueva ley y por eso ha iniciado una
serie de eventos para hacer conocer este dispositivo legal, primero entre los
dirigentes de estas asociaciones y luego entre las autoridades y funcionarios
del gobierno regional y las municipalidades provinciales y distritales.
No se puede amar, ni menos defender, lo que no se
conoce. Por eso, a conocer la ley y luego a defenderla y fiscalizar su
cumplimiento.
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